Los primeros miembros de los Equipos Policiales de Apoyo (EPA), integrados por efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y que investigarán en Ucrania la posible comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, se encuentra ya en Kiev.
Esta avanzada española, formada por el jefe de la misión y los coordinadores de la misma (un comandante y un teniente de la Guardia Civil y dos inspectores jefes de Policía Nacional) ha mantenido ya una reunión preparatoria en Kiev con representantes de la Fiscalía ucraniana para fijar los términos de colaboración y precisar las zonas de despliegue de los dos equipos españoles.
Estos equipos están integrados por entre seis y siete especialistas de Policía Nacional y de Guardia Civil cada uno. Ambos equipos trabajarán al lado de investigadores y fiscales ucranianos en la recogida de pruebas que podrán ser incorporadas en los procesos judiciales abiertos en Ucrania, y que servirán para identificar a las víctimas de posibles actuaciones contrarias al Derecho Internacional.
Estos EPA incluyen expertos forenses que realizarán exámenes de cadáveres y están capacitados para crear modelos completos en tres dimensiones de instalaciones bombardeadas. También investigarán sobre el terreno el tipo de material, armas y artefactos explosivos utilizados, así como las técnicas empleadas y, en su caso, recopilarán información las personas o grupos responsables de los delitos graves objeto de investigación.
PETICIÓN DE APOYO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Los EPA responden a la petición de apoyo de la Corte Penal Internacional y su creación parte de una instrucción firmada por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que constituye y establece la disponibilidad, operatividad y capacidades de apoyo y reacción de este equipo policial cuyo objetivo es la investigación de graves delitos en el marco del Derecho Internacional.
La instrucción del secretario de Estado puso el EPA a disposición de la Corte Penal Internacional, con competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, con carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales, y que puede precisar de la colaboración y apoyo de las capacidades policiales de los Estados firmantes del Tratado de Roma para llevar a cabo el ejercicio de sus funciones.
