La Policía Nacional ha arrestado en El Ejido (Almería) a una mujer y a un hombre acusados de cometer delitos relativos a la prostitución y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Todo ello en una operación coordinada entre las Brigadas de Extranjería y Fronteras de El Ejido y Marbella, y el Grupo III de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Valencia.
El varón, de origen cubano, era el encargado de captar a las mujeres en situación irregular en España, que además se encontraban en circunstancias de especial vulnerabilidad. Por si fuera poco, esta persona se hacía pasar por una especie de chamán, amenazándolas con rituales esotéricos que les provocarían el mal a ellas mismas o a sus familiares.
La mujer, que era la encargada de gestionar la rutina del burdel, sometía a las víctimas a un control que afectaba directamente a sus derechos como seres humanos.
Las victimas denunciaron que la detenida las controlaba 24 horas a través de un circuito cerrado de televisión y utilizaba el audio del sistema para darles instrucciones, incluso cuando se hallaba fuera del local.
A través de un sistema de multas, las mujeres recibían presiones constantes para no parar de realizar sus servicios sexuales. Debían estar disponibles todos los días del año a cualquier hora del día o de la noche, y no podían decidir por ellas mismas si aceptaban o no a sus propios clientes, o las prácticas sexuales que estos les proponían, incluyendo el sexo sin medidas de protección.
Alguna de ellas también indicó que si el cliente le proponía consumir sustancias estupefacientes debían acceder para complacerles. En caso de negarse, o pasarse del tiempo establecido para el servicio, las víctimas perdían su recaudación y podían llegar a ser expulsadas de la casa sin ningún recurso para subsistir.
La arrestada le daba instrucciones precisas a las chicas con lo que tenían que decir a la policía en caso de una inspección, y tuvo la osadía de colocar en las puertas de la casa carteles de sensibilización institucional con el eslogan “Solo sí es sí”.
Las trece mujeres que llegaron a ejercer en esa casa debían turnarse para dormir en un par de sofás mientras las habitaciones se reservaban para dar servicio a unos consumidores que en muchos casos desconocían las condiciones infrahumanas en las que se encontraban las prostitutas.
En los pertinentes registros, los investigadores hicieron acopio de cuadernos de cuentas donde quedaba acreditado que la detenida se quedaba con cantidades que oscilaban entre el 40 y 50% de los servicios, y además detraía los gastos en higiene, alimentos, consumiciones, o preservativos, llegando incluso a extender préstamos con intereses que rozaban la usura.
Una de las víctimas declaró que aguantaba esta situación con tal de no volver a su país, donde era perseguida por razón de su orientación sexual. Otras estaban tan desesperadas que se planteaban aceptar “ofertas” de sus clientes, que les ofrecían alojamiento a cambio de convertirse en sus esclavas sexuales.
La operación concluyó con la detención de los dos responsables y el cese de la actividad del prostíbulo. Las víctimas fueron incluías en los distintos servicios de protección
institucional.
