Alerta Zeta

JUCIL • La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil ha solicitado a la directora general de esta Institución, María Gámez, que se autorice a los guardias civiles a portar dispositivos de toma de imágenes y sonido en sus actuaciones policiales, sobre todo los que prestan servicio en el área de Seguridad Ciudadana, pero también los que desarrollan tareas de control y lucha contra determinados tipos de delincuencia además de aquellos que intervienen en zonas de especial nivel delincuencial. “Esta Asociación Profesional pide que se dicten las disposiciones normativas precisas que garanticen la seguridad, física y jurídica de los miembros de la Guardia Civil, y que, por tanto, se autorice el uso de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los guardias en el ejercicio de sus funciones; pasando a ser elementos de dotación, y sin perjuicio de que incluso puedan ser adquiridos por los miembros de la Guardia Civil interesados en contar con ellos” ha explicado el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño. Aumento de las agresiones y de las denuncias JUCIL, a través de su secretario nacional Jurídico, Alberto Álvarez, ha hecho llegar la solicitud a la Dirección General de la Guardia Civil para que sea este órgano quien aclare una normativa que para la asociación profesional resulta confusa y contradictoria sobre la posibilidad de que los guardias civiles puedan portar cámaras o grabar con un teléfono móvil sus actuaciones profesionales. Una situación que coincide con un aumento de agresiones a guardias civiles donde a veces resulta difícil identificar al autor o autores de esos hechos. Se observa además un incremento del número de denuncias, y de expedientes disciplinarios, contra los propios miembros de la Guardia Civil; “sometiendo a los guardias a un juicio de versiones contradictorias al carecer de elementos que permitan acreditar cómo acontecieron los hechos que dieron lugar a la actuación” argumenta Vilariño. Esta situación se ve agravada en lugares en los que, por escasez de la plantilla o por la naturaleza de los operativos, los guardias civiles realizan labores de patrulla de manera unipersonal. “En esos supuestos se incrementa el nivel de inseguridad del guardia civil; tanto a nivel físico, ya que disminuyen sus posibilidades de defensa ante un ataque, como a nivel jurídico, puesto que se le genera una manifiesta indefensión ante una posible denuncia por no poder acreditar cómo han ocurrido los hechos, y someter la cuestión a un juicio de credibilidad” añade Ernesto Vilariño. “Y esto es algo con mayor relevancia en lugares de especial conflictividad y/o nivel delincuencial, donde grupos organizados y experimentados recurren de forma habitual a la denuncia o queja por la intervención de los miembros de la Guardia Civil, alegando vulneraciones de derechos fundamentales” recuerda por último el secretario general de JUCIL. En beneficio de los ciudadanos JUCIL entiende de esta forma que gozar de un sistema que permita la acreditación de cómo han ocurrido los hechos también es un claro beneficio para los ciudadanos, que podrán contar con un elemento de prueba que les permitirá el pleno uso del derecho de defensa frente a los hechos -penales o administrativos- que le imputen los miembros de la Guardia Civil. “Nos remitimos a la experiencia de otros países en los cuales están plenamente autorizados esos medios de grabación y que han servido para amparar los derechos de los ciudadanos ante supuestos de abusos en el ejercicio de la función policial. Es por todo ello que hemos interesado de la Dirección General que se dicten las normas precisas para que se autorice la utilización de dispositivos de toma de imágenes y sonido de carácter móvil a los miembros de la Guardia Civil, en el ejercicio de sus funciones” concluye Vilariño.

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