El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, a instancias de la Junta General de Jueces de Pamplona, ha convocado una concentración para mañana, 16 de noviembre, a las 12 horas, “en defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho”.
Al acto, que se celebrará en el exterior del Palacio de Justicia de la capital navarra, han sido invitados a sumarse los integrantes del resto de operadores jurídicos: fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios y registradores, entre otros.
La Junta General de Jueces, que aglutina a los titulares de los juzgados unipersonales de Pamplona, en su reunión de ayer, además de acordar por unanimidad la convocatoria de la citada concentración en defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho, ratificó íntegramente el comunicado emitido el pasado día 10 por los jueces decanos de España, que a su vez se habían adherido al texto rubricado por las cuatro asociaciones judiciales.
El texto al que se han sumado los jueces navarros decía literalmente: “Los Jueces Decanos de España abajo firmantes ante el documento suscrito por el PSOE y Junts para facilitar la investidura, y conociendo el contenido del comunicado publicado en la tarde de ayer por las Asociaciones Judiciales, (Asociación Profesional para la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente), nos adherimos expresamente al contenido del mismo.
Mostramos igualmente nuestro rechazo por las referencias al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias.
Como se indica en el comunicado, el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
Ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes.
Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución. Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables.
El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta.”
