Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional de Granada han detenido a dos mujeres de 47 y 53 años de nacionalidades paraguaya y española de ascendencia marroquí como presuntas responsables de regentar dos pisos de prostitución situados en Motril y Almuñécar donde explotaban sexualmente a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad por carecer de documentación para permanecer legalmente en el país, siendo coaccionadas y amenazadas con denunciarlas ante la policía para su expulsión.
Agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Granada iniciaron sendas investigaciones relacionadas con la existencia de dos pisos, situados en Motril y Almuñécar, en los que se estaría explotando sexualmente a mujeres extranjeras en situación de vulnerabilidad por carecer de documentación para residir legalmente en el país.
El primer trabajo policial consistió en situar los lugares concretos donde se encontraban ambos inmuebles y, a continuación, comenzaron las pesquisas que han finalizado con la liberación de tres mujeres explotadas sexualmente, de nacionalidades brasileña y paraguaya, y con la detención de las dos presuntas «mamis» responsables de su explotación.
Durante las investigaciones, los agentes han ido recopilando información y han podido determinar que la española de origen marroquí que regenta del piso de Motril se dedicaría a captar a mujeres extranjeras, principalmente latinoamericanas, a quienes comenzaba alquilando una habitación por un precio semanal de unos 200 euros y, pasados unos días, les exigía el pago del 50% de cada servicio que prestaban. El número de dichos servicios era rigurosamente controlado por la dueña del piso, mediante un sistema de filmación oculto, bajo el pretexto de que ella buscaba a los clientes.
La paraguaya inquilina del piso de Almuñécar se prostituía en la vivienda y ofertaba habitaciones de alquiler para mujeres, por el mismo importe semanal de 200 euros, encargándose ella de colocar los anuncios en las páginas web de contactos sexuales o prostitución. Para ello vinculaba únicamente su teléfono, siendo la persona que hablaba con los clientes, acordaba el tipo de servicio que la otra mujer iba a prestar e incluso lo cobraba. Las cuentas las hacía un día a la semana, quedándose ella con el 50% de cada servicio.
En ambos casos, cuando alguna mujer se negaba a entregarles las cantidades exigidas, eran amenazadas y coaccionadas con denunciarlas ante la policía para ser deportadas.
La investigación ha permitido recabar tanto comunicaciones mediante notas de voz, en las que las investigadas coaccionaban a sus víctimas, como diversos anuncios en los que se ofertaban servicios sexuales en los que se redirigía a los clientes al teléfono de la «mami». Ambas detenidas han pasado a disposición de la autoridad judicial.
