Agentes de la Policía Nacional han liberado a 11 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización criminal asentada en la isla de Lanzarote. Las víctimas, mujeres vulnerables de origen latinoamericano, principalmente de Colombia y Venezuela, eran captadas en sus países de origen con falsas ofertas de trabajo en España como empleadas de hogar o webcammers.
Eran sometidas a un sistema de multas y vivían hacinadas en habitaciones sin puertas ni ventanas donde eran obligadas a prostituirse para saldar la deuda que podía alcanzar los 10.000 euros. La investigación se inició gracias a la denuncia de dos víctimas y ha permitido la detención de seis personas en la localidad de Arrecife y la intervención de 9.085 euros y 2.200.000 de pesos colombianos en metálico.
La organización criminal captaba a las víctimas en sus países de origen, donde contaba con colaboradores que se encargaban de localizar mujeres en situación de escasez y penuria económica a las que ofrecían falsas ofertas de trabajo en España como empleadas del hogar, o en algunos casos como webcammer para hacer transmisiones por internet con contenido erótico pero sin contacto físico con clientes.
Una vez aceptada la propuesta, el entramado financiaba y gestionaba todo lo relacionado con el traslado hasta la isla canaria de Lanzarote, simulando un viaje de turismo y aleccionando a las víctimas sobre cómo comportarse para no levantar sospechas en los controles fronterizos.
Hacinadas en un piso prostíbulo
Ya en Lanzarote, los explotadores trasladaban a las mujeres a un piso prostíbulo ubicado en la localidad de Arrecife, donde se las retiraba el pasaporte y eran informadas de que habían adquirido una deuda económica cercana a los 10.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.
En ese mismo piso las mujeres vivían en condiciones indignas, hacinadas en literas distribuidas en varias habitaciones que no tenían puertas ni ventanas. Además del citado piso, el entramado utilizaba un local ubicado en la localidad de Puerto del Carmen para explotar a sus víctimas. Dicho local, que simulaba ser un centro de masajes, sólo estaba abierto durante las noches y para clientes que demandaban servicios sexuales de mayor nivel o duración.
La organización sometía a las mujeres a un férreo control a través de sistemas de video vigilancia, las obligaban a estar disponibles las 24 horas del día sin poder rechazar ningún servicio y a consumir drogas en el caso de que se les requiriera, todo ello bajo graves amenazas físicas hacia a ellas y sus familiares.
