JUCIL • 
La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) expresa disgusto por la decisión de continuar con la discusión parlamentaria de los cambios previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana y que provocarán un grave deterioro de la seguridad de la que disfrutan los ciudadanos en España al reprimir la tarea de defensa de la ley y de las normas que la Constitución otorga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en concreto, a la Guardia Civil.
“Si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y de los policías difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley”, resalta Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, al tiempo que recuerda que la libertad se consolida en cuatro principios que se conquistan de forma paulatina.
“La Seguridad Física, protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado da paso a la Seguridad Jurídica, que abre el camino a la Seguridad Económica y a la Prosperidad y con ella se garantiza el acceso a la Formación y a la Cultura para todos”, explica el máximo representante de esta agrupación profesional de guardias civiles.
Probable aumento de la violencia en las calles y sobre las personas
Agustín Leal, secretario de comunicación de JUCIL declara que “realmente lo único que se consigue con estas modificaciones es desproteger, más si cabe, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado en su labor profesional”.
“Se observa un aumento de las agresiones a guardia civiles y policías, en forma de delitos de atentado con lesiones, y el Gobierno, con esta propuesta, limita las actuaciones policiales, lo que provocara un aumento de la violencia hacia los agentes. Es otra vuelta de tuerca para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se sientan más vulnerables.
Que se autorice a grabar a los agentes en su actuación profesional, así como que se vea cuestionada la presunción de veracidad de los mismos, es una aberración jurídica que conllevará consecuencias irreparables concluye Agustín Leal.
