Mossos d’Esquadra
Agentes de la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de la Comisaría General de Información ha citado como investigados a dos controladores de una discoteca de Sant Quirze del Vallès que habrían cometido delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas al no dejar acceder al interior de la sala a varias personas por motivos xenófobos.
Los investigadores realizaron un análisis de denuncias e incidentes registrados en esta discoteca relacionados con conductas discriminatorias delictivas por parte de controladores del establecimiento. Estas denuncias indicaban conductas xenófobas y racistas, ya que no permitían el acceso de personas por motivo de origen o color de piel. En concreto se trabajó con dos denuncias que afectaban a dos chicas y un chico.
La investigación ha permitido verificar estas informaciones e identificar a dos controladores de la discoteca como presuntos autores de algunos de estos hechos delictivos. Tuvieron lugar a finales de 2021 y durante 2022 contra personas por razón de su origen y sus características físicas.
Cabe destacar que además del delito cometido para prohibir la entrada por motivos discriminatorios, en algunos casos los controladores negaron la hoja de reclamaciones a las personas afectadas, aunque éstas le pidieron al sentirse agravadas por esta conducta.
Otros dos trabajadores, denunciados por no dejar entrar a un perro lazarillo en una discoteca de Barcelona
Por otro lado, pero también en el ámbito de los delitos de odio y discriminación, los investigadores ha citado como investigadas a otras dos personas por impedir el acceso a una persona invidente acompañada de una amiga suya y de su perro lazarillo , en la ciudad de Barcelona.
Los hechos ocurrieron cuando las dos personas que regentaban el local impidieron que la persona invidente accediera al interior alegando que los perros no podían entrar en el establecimiento. Pese a las explicaciones de víctima y testigo diciendo que un perro lazarillo puede entrar en ese tipo de establecimientos, las dos personas no lo permitieron.
La Fiscalía de delitos de odio y discriminación requirió que se investigaran los hechos. La investigación concluyó que se trata de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y en concreto por denegación de prestaciones de carácter privado, en su vertiente de discapacidad sensorial.
