La Guardia Civil y la Policía Nacional, en el marco de la operación “Coinblack-Wendimine”, han detenido a seis personas de entre los 34 y 57 años, pertenecientes a una organización criminal que habría estafado más de 19 millones de euros a 208 víctimas a través de falsas inversiones en criptomonedas.
La investigación se ha desarrollado en diferentes localidades de Granada y Alicante. Los agentes han registrado la vivienda de la principal cabecilla de la organización en España, quien estaba preparando su huida a Dubai, y han intervenido numerosos teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, un arma simulada y abundante documentación.
La operación comenzó hace dos años cuando un hombre denunció en Granada que le habían estafado 624.000 euros. Los agentes descubrieron el entramado que vinculaba a la organización criminal con inversiones en criptomonedas que resultaban ser falsas. A su vez, la Policía Nacional estaba investigando en Alicante el mismo entramado en su rama relacionada con el delito de falsedad documental.
La organización insertaba en distintas páginas web anuncios a modo de gancho relacionados con inversiones en criptomonedas con personalidades reconocidas. Además, las víctimas no eran seleccionadas al azar, sino que, a través de algoritmos seleccionaban a aquellas personas cuyo perfil encajaba en lo que los ciberdelincuentes buscaban.
Una vez seleccionaban a sus víctimas, insertaban campañas publicitarias en esas páginas web o redes sociales que ellas utilizaban y les ofertaban inversiones en criptomonedas con una alta rentabilidad y nula posibilidad de pérdida patrimonial, inversiones que, obviamente, resultaban ser una estafa.
Una vez seleccionaban a sus víctimas, insertaban campañas publicitarias en esas páginas web o redes sociales que ellas utilizaban y les ofertaban inversiones en criptomonedas con una alta rentabilidad y nula posibilidad de pérdida patrimonial, inversiones que, obviamente, resultaban ser una estafa.
Los ciberdelincuentes se ganaban su confianza haciéndose pasar por asesores financieros, y en ocasiones incluso llegaron a simular mantener relaciones afectivas, además de enviarles información falsa mediante webs también falsas con rentabilidades ficticias. Las animaban a transferir a criptomonedas todo el dinero que tenían en sus cuentas. Cuando las víctimas decidían retirar el dinero que habían invertido, comenzaban las trabas e impedimentos, momento en el que se daban cuenta de que habían sido estafadas.
Pasado un tiempo los ciberdelincuentes volvían a contactar con las víctimas, se hacían pasar por responsables de las inversiones y les confirmaban que el dinero estaba bloqueado, que era posible recuperarlo, pero que para poder desbloquearlo debían realizar un nuevo ingreso, en muchas ocasiones de una importante cantidad.
Segunda fase de la estafa
Las víctimas, que habían denunciado los hechos, recibían una comunicación de falsos agentes de Europol o falsos abogados del Reino Unido, en la que les indicaban que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado. Una vez más y con la creencia de que esa vez sí recuperarían su inversión, accedían al pago de los supuestos impuestos.
Las víctimas, que habían denunciado los hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, recibían una comunicación de falsos agentes de Europol o falsos abogados del Reino Unido, en la que les indicaban que habían logrado recuperar su dinero y que lo único que faltaba era el abono de los impuestos correspondientes al país donde se encontraba bloqueado. Una vez más y con la creencia de que esa vez sí recuperarían su inversión, accedían al pago de los supuestos impuestos.
Las detenciones se realizaron en las localidades de Alicante, Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa. A todos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental en organización criminal. Fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante, siendo decretado el ingreso en prisión provisional de la cabecilla. La investigación continúa abierta.
La operación, bajo la dirección del Fiscal Delegado de Delitos Tecnológicos de Granada, ha sido llevada a cabo de forma conjunta por el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos (EDITE) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada, y por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF- 3) de la Policía Nacional de Alicante.
