El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, han clausurado hoy el taller sobre cancelación de antecedentes penales que ha tenido lugar en el Centro de Inserción Social Máximo Casado Carrera de Valladolid.
El taller se enmarca en la campaña informativa que lleva a cabo el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, en colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio del Interior.
El objetivo es dar a conocer a los internos, así como a los profesionales de los diferentes centros penitenciarios, el derecho de solicitar la cancelación de sus antecedentes penales y de delitos de carácter sexual con el objetivo de facilitar su reinserción social.
En la clausura, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia ha destacado que el taller «ha servido para hacer ver que, efectivamente, el traspié que en algún momento una persona puede haber cometido es posible hacerlo desaparecer de su vida».
En este sentido, Olmedo ha puesto en valor la importancia y el alcance social de la transformación digital de la Justicia. El Ministerio de Justicia ha implementado un proceso de robotización que realiza la cancelación automatizada de los antecedentes penales de aquellas personas condenadas cuya responsabilidad penal ha extinguido. Desde marzo del 2021 más de
320.000 ciudadanos se han visto beneficiados por el proyecto para la cancelación automatizada de antecedentes penales.
Olmedo también ha señalado que estos talleres son un «instrumento clave para fortalecer las relaciones entre Justicia e Interior», y ha destacado «el enorme valor añadido de la colaboración y cogobernanza entre ambos ministerios a la hora del intercambio de experiencias, de información, de ideas y de innovación».
Por otro lado, el secretario general de Instituciones Penitencias ha destacado la importancia de poder obtener el documento en el que conste la cancelación de los antecedentes penales «como culminación del proceso de reinserción».
Ortiz ha agradecido, además, la colaboración del Ministerio de Justicia: «Experiencias de esta naturaleza han de servir también para que las administraciones tomen conciencia de la necesidad de aproximarse a los ciudadanos que están o han estado privados de libertad, tanto en el momento del cumplimiento de la pena como en la última etapa de la ejecución penal».
Al acto de clausura han acudido, además de Olmedo y Ortiz, el subdirector general de Desarrollo e Implantación de Servicios Digitales, Javier Hernández; la jefa de área de Registros Administrativos, Ana Dehesa; la coordinadora de área de Registros de Apoyo a la Actividad Judicial, Arancha Indurria; y el director del CIS Máximo Casado Carrera, Carlos Blanco.
El taller se ha desarrollado en diferentes centros penitenciarios y centros de inserción social de la Comunidad de Madrid y en el Centro Penitenciario de Segovia. En cada edición han participado entre 20 y 50 internos y alrededor de cinco profesionales.
Entre los aspectos que se han explicado en el taller destacan:
- Los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial.
- El artículo 136 del Código Penal, en el que se recoge que los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:
a) Seis meses para las penas leves.
b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
e) Diez años para las penas graves.
- Procedimiento para solicitar la cancelación de un antecedente penal y sexual.
- Posibilidad de solicitar el certificado de antecedentes penales y sexuales, así como los motivos por los que se puede necesitar.
Los profesionales penitenciarios han agradecido durante este tiempo la información recibida y su utilidad en la tarea de ayuda y asesoramiento de los internos en estos trámites administrativos.
