Agentes de la Policía Nacional en Ronda (Málaga) han detenido a 12 personas por su presunta relación en un delito de falsedad documental, imputándole, además, a uno de ellos -principal investigado-, un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal. Este último proporcionaba a ciudadanos extranjeros contratos de alquiler falsos de dos viviendas ubicadas en la localidad malagueña, a cambio de cantidades que variaban ente 200 y 400 euros.
Los contratos fraudulentos eran presentados por los interesados para su empadronamiento en inmuebles en los que realmente no residían, constando, en un periodo de seis meses, 13 altas en los mismos. El fin último de estos documentos sería ser adjuntados en la tramitación de la solicitud del informe de arraigo que acreditase la integración social, y, posteriormente, conseguir una autorización de residencia.
Fruto de la investigación, en la que se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ronda, fueron detectados un elevado número de solicitudes de Informe de Arraigo sospechosas, que eran presentadas por ciudadanos extranjeros con el fin de acreditar la integración social y conseguir una futura autorización de residencia. Para este trámite, los interesados habrían aportado el empadronamiento en la localidad rondeña y contratos de trabajo para realizar una actividad remunerada en otra provincia andaluza.
Las averiguaciones realizadas determinaron que los investigados no habían residido en ningún momento en los dos domicilios en los que figuraban como empadronados, desconociendo los moradores reales de las viviendas quienes eran aquellos ciudadanos extranjeros.
Una vez analizados los expedientes presentados, se contactó telefónicamente con los investigados, que no se encontraban en la localidad, dado que estaban trabajando en la provincia de Almería.
Tras ser oídos en declaración los sospechosos, los agentes determinaron que un varón, en situación regular y residente del municipio rondeño, sería la persona que vendía los contratos falsos de arrendamiento, variando su precio entre los 200 y 400 euros. Además, el principal investigado recorrería la ruta Ronda-Almería, llevando y trayendo a los ciudadanos de terceros países que tenían que realizar trámites de extranjería para regularizar su situación administrativa.
