Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Málaga a 43 personas y han desarticulado un grupo criminal que, presuntamente, se dedicaba a la explotación laboral y a la regularización fraudulenta de migrantes.
Los explotados eran principalmente ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación irregular. Una parte de ellos eran alojados en condiciones infrahumanas en casas propiedad de la organización.
El entramado, formado por al menos siete empresas del sector agrícola, también facilitaba la comisión de diversos fraudes a la Seguridad Social y la regularización de fraudulenta de migrantes mediante contratos de trabajo ficticios a cambio de cantidades de dinero que alcanzaban los 3.000 euros.
La investigación policial dio comienzo en el mes de noviembre del año pasado gracias a una información recibida desde la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga que advertía de la existencia de varias empresas del sector agrícola, ubicadas en la provincia malagueña, que estarían utilizando su actividad legal para ocultar la comisión de varios delitos.
Las múltiples pesquisas realizadas por los agentes han permitido constatar que esas empresas investigadas eran utilizadas por los líderes del grupo desarticulado para explotar laboralmente a ciudadanos de origen marroquí. Aprovechándose de su situación de necesidad y de la falta de permiso de residencia y trabajo, el entramado presentaba a estos trabajadores ante las administraciones laborales con las identidades de otros ciudadanos extranjeros que sí estaban en situación regular en nuestro país.
Contratos por dinero
A través de estas empresas también se formalizaban contratos de trabajo ficticios con migrantes que, previo pago de cantidades que oscilaban entre 1.500 y 3.000 euros, conseguían regularizar su situación mediante la obtención o renovación de permisos de residencia y trabajo, y que además les permitía de manera fraudulenta cotizar en la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones.
Después de las averiguaciones realizadas, los investigadores consideran que las empresas analizadas también podían estar cometiendo diversos fraudes tributarios relacionados con los impuestos del IVA, IRPF e impuesto de sociedades, y que el grupo criminal contaba con la colaboración de varios empleados de una gestoría y una abogada.
En la operación policial se ha arrestado a 43 personas de diversas nacionalidades, entre los que se encuentran los líderes del grupo, y se han registrado cuatro domicilios en la provincia de Málaga donde se han intervenido 56.985 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles y abundante documentación relevante para la investigación.
Además de la mencionada colaboración de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Málaga, durante la investigación los agentes han contado igualmente con el apoyo de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo de Málaga.
