Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado tres organizaciones criminales que actuaban de manera coordinada en el territorio nacional, cuyo principal objetivo consistía en la defraudación al erario público mediante la creación de un entramado societario transnacional que simulaba una serie de operaciones de compraventa de neumáticos nuevos entre empresas perfectamente coordinadas para dejar de ingresar las cuotas debidas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y obtener devoluciones indebidas de la AEAT mediante la utilización del ‘fraude carrusel’.
Se ha practicado un total de nueve registros en los domicilios de los principales investigados y en varias sedes sociales de mercantiles en España.
La operación comenzó en 2018, cuando la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (O.N.I.F.) de la Agencia Tributaria conjuntamente con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (U.D.E.F), detectaron la existencia de un entramado empresarial a nivel internacional cuyo objetivo era defraudar al erario público a gran escala, mediante la creación de un entramado societario transnacional que simulaba una serie de operaciones de compraventa de neumáticos entre empresas perfectamente coordinadas para dejar de ingresar las cuotas debidas del IVA y obtener devoluciones tributarias indebidas mediante la utilización del ‘fraude carrusel’.
En este fraude había implicados en varios países de la Unión Europea, como Italia, Francia y Portugal en los que se actuaba de manera coordinada para lograr la referida ficción, eludiendo así el pago de los impuestos (IVA) generados por su actividad.
Fraude de IVA en operaciones intracomunitarias
Como inicio de esta cadena defraudadora se situaban nueve empresas portuguesas que, haciendo uso del régimen de tributación transitorio en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las operaciones intracomunitarias, simulaban vender los artículos comercializados, en este caso neumáticos, a sociedades ubicadas en España.
Una vez que los artículos eran introducidos en territorio nacional, estos eran objeto de una serie de liberaciones que permitían la puesta a disposición de los mismos a favor de un grupo de mercantiles que, tras sucesivas compraventas en España, dejaban de ingresar las cuotas de IVA repercutido (21%). Esto permitía la rebaja del precio de las mercancías por debajo del precio de mercado, monopolizando el negocio de la venta de neumáticos a las distribuidoras, ya que ningún proveedor legal puede competir con los precios generados deduciendo el porcentaje del fraude.
A su vez, las citadas organizaciones desarrollaban la actividad delictiva denominada ‘carrusel de IVA’ que consiste en realizar exportaciones ficticias utilizando empresas distribuidoras finales, afines a la organización, que solicitan la devolución del IVA soportado de ventas realizadas a empresas vinculadas a la organización en el ámbito intracomunitario. Dicha mercancía volvía a ser introducida en España mediante ventas realizadas al entramado societario ubicado en nuestro país, comenzando de nuevo la actividad defraudadora.
De esta forma, por un lado, las organizaciones se enriquecen directamente mediante el ingreso de devoluciones indebidas de IVA solicitadas a la Hacienda Pública, generándoles pingües beneficios a sus arcas que utilizan. Y por otro, para adquirir mercancías que posteriormente ponen en circulación en el segmento comercial de los neumáticos con unos descuentos generados por la ausencia de ingreso de las cuotas debidas de IVA que monopolizan el mercado a su favor, dañando la libre competencia que debe regir el mercado y erosionando el tejido económico generado por las empresas legales del sector.
Productos a un precio sin competencia
Esta operativa, además de conseguir grandes márgenes de beneficios a través de las cuotas defraudadas, lo que les permitía era poner el producto a la venta a un precio inigualable, acaparando el mercado de estos productos a nivel nacional.
De esta manera se ha generado un fraude a la Hacienda Pública que ha sido calculado por la Agencia Tributaria en un importe estimado superior a los 23,5 millones de euros, llevada a cabo por cada una de las Organizaciones identificadas en el conjunto de ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019 y 2020.
En los registros realizados se han intervenido numerosos ordenadores y abundante documentación de interés para la investigación, tanto en soporte papel como informático, así como dinero en efectivo.
La operación, llevada a cabo en nuestro país por el Juzgado Central de Instrucción número 3, Audiencia Nacional, se ha realizado por los agentes de la Sección de Fraude Fiscal de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) así como por los funcionarios integrantes de la Dependencia Regional de Inspección de Valencia, Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y de la ONIF de la AEAT.
