Mossos d’Esquadra
Los Mossos de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Ponente y de la Unidad de Investigación de la comisaría de Lleida han desarticulado un grupo criminal que regentaba una red de naves industriales y locales destinados al cultivo interior de marihuana, ubicados en comarcas de la demarcación de Lleida. La investigación se ha saldado con la detención de 20 personas a las que se investiga por los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se puso en marcha el pasado año después de que los Mossos detectaran la implantación de un grupo criminal muy activo establecido en la demarcación de Lleida que traficaba con marihuana. Las pesquisas policiales han puesto de relieve la actividad del grupo, con una estructura consolidada jerárquica muy bien definida, que operaba desde varias comarcas leridanas y gestionaba plantaciones interiores de marihuana, establecidas en naves industriales, locales y domicilios.
En lo alto de la organización encontramos a los dos líderes, encargados del diseño de la estructura criminal, que la habrían puesto en funcionamiento con la colaboración directa de dos hombres que actuaban como facilitadores, tanto de vehículos como de naves industriales como de domicilios.
También les surtían de la documentación necesaria para dar apariencia de legalidad de la actividad de la organización. Los líderes del grupo habían realizado un trabajo prospectivo previo a la puesta en marcha de las plantaciones con un grow shop con acuerdos en las condiciones de compraventa de materiales que, más tarde, deberían ser recogidos y transportados a las plantaciones.
En el siguiente escalafón del grupo encontramos otros dos integrantes con el rol de estructuristas o constructores. El suyo es un papel itinerante para el conjunto de las plantaciones, a las que nutrían de materiales para adecuar cada local o nave a las necesidades de las instalaciones. La investigación también los sitúa en la función de empaquetadores de los cogollos secos, ya destinados a la venta.
En este mismo nivel habría que situar al electricista de la banda que, junto con el suyo, hijo se encargaban del diseño y puesta en funcionamiento de todo el apartado técnico y logístico en lo que se refiere a la parte eléctrica de la instalación. Como ocurre siempre en este tipo de actividad ilícita la electricidad se obtenía de forma fraudulenta, dado los altos costes y consumos que generan las plantaciones interiores de marihuana.
Por último nos situamos en el nivel de los cultivadores, personas venidas de países del Este a precio convenido previamente para trabajar en régimen de cierre absoluto durante los tres o cuatro meses que dura la fase de producción. La investigación ha acreditado hasta diez cultivadores repartidos en ocho plantaciones activas de marihuana en las que residían de forma permanente.
Cabe destacar una circunstancia de la investigación, relacionada con la finalidad de la organización criminal investigada: las plantaciones eras de menos plantas de las habituales, en ningún caso superiores a las 500. Esta realidad responde a que en caso de una eventual intervención policial, se reduzcan las pérdidas económicas sufridas por el grupo.
El 28 de febrero se llevó a cabo un dispositivo policial con quince entradas y registro en naves industriales, locales y domicilios en las poblaciones de Lleida, Bellvís (Els Arcs), Tàrrega, Verdú, Guimerà, Artesa de Lleida, Torregrossa y Alfarràs, once de las cuales destinadas al cultivo y cuatro en domicilios. Se intervinieron cerca de 4.000 plantas en total en distintos estadios de crecimiento y floración repartidas en diez de las once naves y domicilios investigados. En uno de los cuatro domicilios que se usaban como residencia se localizaron un total de 12 kilos secos de marihuana preparados para su distribución en bolsas precintadas de un kilogramo cada una y 1.530 euros en efectivo. Durante el dispositivo policial se detuvieron a 20 personas aunque el número total de investigados asciende a 33.
Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado 2 de marzo y el juez decretó prisión para siete de los detenidos y libertad con cargos para el resto.
