La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación “Sabra”, ha desarticulado un entramado de contrabando de material de Defensa dedicado a exportar ilegalmente a Arabia Saudí motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados de transporte de tropas.
La operación se ha saldado con la detención de una persona y la investigación de otra como presuntos autores de un delito continuado de contrabando de material de Defensa. En concreto, el detenido utilizaba una empresa de su propiedad ubicada en Málaga para realizar numerosas exportaciones con un valor de más de 2,8 millones de euros.
Estas operaciones carecían de las preceptivas licencias de transferencia de las autoridades de comercio españolas por lo que eran declaradas de manera fraudulenta como si se tratase de repuestos de camiones civiles.
Además, la investigación reveló que, además de suministrar dichos motores y repuestos militares, la empresa también proporcionaba asistencia técnica para llevar a cabo la modernización de numerosos vehículos blindados y acorazados de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí. Estos vehículos eran posteriormente utilizados en la guerra de Yemen contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dictadas en contra de exacerbar este conflicto bélico.
El comercio internacional de material de defensa y de doble uso está rigurosamente controlado. Tanto es así que, para su legal exportación desde nuestro país, las empresas deben estar inscritas en un registro especial del Ministerio de Comercio y contar con una licencia para cada una de las exportaciones. Asimismo, estas solicitudes de licencia tienen que ser estudiadas y aprobadas por la Junta Interministerial Reguladora del Control de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), órgano colegiado del Gobierno en el que participa activamente la Guardia Civil.
El objetivo no es otro que evitar que este tipo de materiales puedan ser desviados ilegalmente a países en conflicto o de preocupación. Asimismo, estos mecanismos garantizan la protección de los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado y el cumplimiento de los embargos internacionales y de los compromisos internacionales adquiridos por España.
Con esta intervención se ha impedido no sólo que la empresa investigada continuara exportando ilegalmente materiales militares sin ningún tipo de control por parte de las autoridades españolas, sino también que dichos materiales pudieran haber sido desviados a conflictos bélicos, como el citado de Yemen; o a otros países de Oriente medio.
La presente operación ha sido desarrollada por la Jefatura de Información (UCE3) de la Guardia Civil, con el apoyo del Grupo de Información de la Guardia Civil de Málaga, bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
