En el marco de la operación “Huracán” dirigida por la Fiscalía Europea y con el apoyo de Europol, la Guardia Civil ha colaborado para desarticular una organización criminal internacional a la que se le atribuye un volumen de negocios fraudulento estimado en 225 millones de euros y un fraude del IVA que asciende al menos a 38 millones de euros.
La investigación y la acción conjunta desarrollada en Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal y España han contado con el apoyo de la red operativa @ON, financiada por el proyecto ISF4@ON de la Unión Europea. Un equipo de más de 2.000 investigadores policiales, fiscales y aduaneros de los siete países europeos indicados han llevado a cabo más de 450 registros y han intervenido bienes inmuebles, vehículos y diversa documentación relacionada con la investigación.
En España las actuaciones han sido desarrolladas, bajo la coordinación de la Unidad Técnica de Policía Judicial, por las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, Cádiz, Girona, Guipuzkoa, Málaga, Murcia, Pontevedra y Valencia.
Inicio de la investigación
La investigación comenzó con un informe de una autoridad fiscal de Italia dirigido a la Fiscalía Europea en enero de 2021. Dicha autoridad habría recibido una alerta cuando empresas registradas en Italia y Hungría, tras la adquisición de un elevado número de automóviles procedentes de Alemania y su posterior venta a particulares y empresas de otros países de la UE, no habían pagado el IVA al Estado italiano.
Los Fiscales Europeos Delegados, junto con investigadores de la Oficina Central de la Fiscalía Europea, consiguieron descubrir una red de empresas trucha (missing traders) y el grupo de delincuencia organizada que estaba detrás de la trama de fraude del IVA.
Según las pruebas obtenidas, el grupo de delincuencia organizada investigado habría comercializado más de 10.000 coches utilizando este entramado, en el que unas 60 personas tendrían relación o habrían apoyado su actividad ilícita.
En los últimos seis años, los principales investigados han logrado generar un volumen de negocios fraudulento total de más de 225 millones de euros, generando un fraude del IVA de más de 38 millones de euros. La emisión de facturas falsas hacía creer a los particulares o concesionarios que habían adquirido correctamente los vehículos, pudiendo posteriormente matricular los vehículos adquiridos en otro país.
Además del fraude fiscal, este esquema criminal permitía una competencia desleal en el sector de compra-venta de vehículos, ya que los coches se vendían por debajo del precio de mercado.
