El magistrado titular del Juzgado de Menores número 1 de Murcia, en sentencia notificada hoy, ha impuesto la medida de internamiento en régimen cerrado para tres jóvenes acusados de agredir sexualmente a dos chicas de 14 y 15 años en junio de 2022 en las inmediaciones de la urbanización Joven Futura.
Además de la medida de internamiento, tendrán un año de libertad vigilada con contenido educativo. Y se les prohíbe la comunicación y aproximación a las chicas a menos de 400 metros.
Los tres menores, de 17, 15 y 14 años en el momento de los hechos, obligaron a las dos adolescentes a subir en sus motos, las llevaron a una zona apartada y las agredieron contra su voluntad. Así lo reconocieron en la vista celebrada la pasada semana en el juzgado, en la que se mostraron autores de los cuatro delitos de agresión sexual y cooperadores necesarios en otras cuatro agresiones, y aceptando las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal, el equipo técnico del juzgado y una de las acusaciones particulares. Solicitando la segunda de las acusaciones una duración superior de la medida a imponer.
El magistrado recuerda en la sentencia, tras calificar los hechos de “muy graves”, que las medidas que se imponen en la jurisdicción de menores “no se fundamentan ni única, ni principalmente”, en la proporcionalidad ni en la reprochabilidad penal del delito sino en principios como “el interés del menor, la reeducación, la reinserción y la formación personal para el retorno social”.
Además, apunta que las medidas solicitadas por el representante público y asesoradas por el equipo técnico, dentro de los límites legales, “tienen un cierto componente sancionador y de reproche penal porque están por encima del mínimo legal”.
La diferencia de duración de la medida de internamiento, dos años y seis meses para uno de ellos y dos para los otros, está determinada por la situación personal, familiar y sociolaboral de cada joven, como se expone detalladamente en la sentencia.
Además, se condena a los tres jóvenes y a sus padres, como representantes legales, a indemnizar a las víctimas con un total de 25.000 euros.
La resolución no es firme, cabe imponer recurso de apelación en relación con la duración de la medida y la responsabilidad civil.
