Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado en Madrid una organización criminal internacional que vendía decodificadores para distribuir contenidos audiovisuales ilegalmente.
Los dispositivos eran fabricados en China y enviados a un almacén de Madrid, desde donde se distribuían por paquetería a clientes finales o se exportaban al por mayor a otros países europeos donde eran vendidos por terceros. La organización ofertaba los decodificadores a través de diferentes plataformas web y, además, contaba con un foro en Internet, al que tenían acceso los clientes, en el que explicaban la manera de configurar los dispositivos y desde el que ofrecían soporte técnico. Los agentes han detenido a seis personas y han intervenido 24.430 decodificadores, desconectando del servicio a 12.000 clientes.
El análisis de las cuentas bancarias de los investigados ha revelado unos ingresos derivados de la actividad ilícita de 1,2 millones de euros entre los años 2017 y 2021.
La investigación se inició en septiembre de 2.019 cuando dos empresas productoras de contenido audiovisual –MEDIAPRODUCCIÓN SLU y ALLIANCE FOR CREATIVITY AND ENTERTAINMENT (A.C.E.)- denunciaron que se estaban vulnerando derechos de propiedad intelectual de los que eran titulares. Tras varias gestiones, los agentes constataron la existencia de una organización criminal, integrada por ciudadanos de origen chino, dedicada a la fabricación y distribución de decodificadores manipulados que permitirían acceder a contenidos audiovisuales de pago de forma fraudulenta.
Distribuían a otros países desde un almacén de Madrid
Los investigados ofertaban a través de diferentes plataformas web los decodificadores, previamente manipulados, a los cuales se les había instalado un software que permitía el acceso a diferentes plataformas audiovisuales libres o de pago. Obtenían la señal de numerosas plataformas y canales de televisión, las redirigían a su propia estructura de servidores –alojada en, al menos, cuatro países europeos- y posteriormente la distribuían ilegalmente a sus suscriptores. Además, para dar apariencia de legalidad al negocio, se habían registrado bajo una denominación cuyo objeto social era el servicio de mensajería y paquetería a terceros.
