Guardia Civil
La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación IFADE-YUZUK, ha logrado desarticular una organización criminal, responsable de blanquear capitales a gran escala.
Esta investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras, sobre determinados aeropuertos españoles.
Entre cuatro y seis operaciones semanales de criptomonedas
La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del dinero “sucio” generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una “compra” del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2 y el 3 %.
Seguidamente, ese dinero en efectivo era “vendido”, siendo también compensado en criptomonedas y mediando nuevas comisiones en porcentajes similares. De esta manera, la organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre 4 y 6 operaciones semanales, con un flujo de 3 millones de euros a la semana.
Funcionamiento de la organización criminal
En un inicio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la “venta” de ese dinero tanto en España como en países vecinos (Francia y Portugal).
La organización criminal, perfectamente estructurada y jerarquizada, se componía de al menos 52 miembros. Al margen, se identificaron clientes de los que recibían el dinero en efectivo, el cual tenía su origen principal en la comercialización de mercancías no sujetas a regulación especial procedente de China. Se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal.
La actividad previa, consistente tanto en la venta de mercancía introducida en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como en la venta de productos falsificados, culmina en establecimientos situados en diferentes puntos de España como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia). Si bien, es en una localidad de Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados.
