Mossos d’Esquadra
Agentes de la Policía de la Generalitat-Mossos d’Esquadra del Área de Información Territorial de Tarragona de la Comisaría General de Información, han detenido a 16 personas en el marco de una investigación que ha instruido el Juzgado de Instrucción 3 de Reus, contra una organización criminal que actuaba bajo la apariencia de una empresa legal, que realizaba desahucios extrajudiciales en toda Cataluña mediante prácticas coactivas y violentas. Otras once personas han quedado investigadas en relación con los mismos hechos.
Los investigadores han podido determinar que los detenidos actuaban en algunos casos movidos por el odio y la discriminación por motivo de origen, raza o etnia, siendo especialmente violentos y expeditivos contra personas pertenecientes a colectivos de determinados orígenes nacionales o étnicos.
Los 16 detenidos tienen entre 27 y 59 años de edad. A 5 de ellos les constaban varios antecedentes por coacciones, amenazas, trato degradante, lesiones, daños, robos con fuerza o salud pública. Las detenciones, que tuvieron lugar el miércoles 15 de mayo, comportaron entradas y pesquisas a domicilios de poblaciones de L’Hospitalet de l’Infant, Salou y Reus. Otras personas fueron detenidas en Sant Joan Despí, Rubí, Mataró o Barcelona.
Como resultado del operativo, los Mossos d’Esquadra intervinieron 2 armas de fuego, varias armas prohibidas, terminales de telefonía móvil, documentación en formato físico y digital, así como elevadas cantidades de dinero en efectivo y en cuentas corrientes, y material con simbología de la empresa.
Un servicio de mediación encubierto para desalojar extrajudicialmente
A inicios del pasado mes de septiembre, la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra tuvo conocimiento de incidentes continuados relacionados con una empresa que realizaba desempleos extrajudiciales. El Área de Información Territorial de la Comisaría General de Información asumió la investigación de los hechos. Las primeras gestiones de comprobación permitieron identificar la forma de actuar de una organización jerarquizada que, recibiendo dinero a cambio y con el objetivo de expulsar a personas de sus domicilios, de forma continua vulneraba los derechos de los inquilinos. Entre las víctimas había familias en situaciones diversas, algunas eran ocupantes en situación de vulnerabilidad económica, y otras tenían contratos de alquiler vigentes.
Durante la investigación se ha podido comprobar que las acciones de esta organización criminal se expandían, e iban incrementando de forma progresiva el número y la gravedad de los hechos. La empresa, bajo la apariencia de ofrecer a sus clientes un servicio de mediación para desemplear a inquilinos de los inmuebles de su propiedad, cometía extorsiones, daños, y acosos con violencia hasta conseguir los objetivos por los que habían sido contratados por sus clientes .
Las actividades llevadas a cabo por esta empresa para desemplear a los inquilinos eran graduales. Inicialmente ofrecían una serie de acuerdos a fin de abandonar el domicilio voluntariamente. En caso de que este abandono voluntario no se produjera iniciaba una serie de acciones delictivas para echar a los inquilinos con el objetivo de liberar el domicilio.
Las acciones se iniciaban con visitas y amenazas telefónicas para, seguidamente y si no se cumplía el objetivo, pasar a realizar multitud de llamadas a horas nocturnas de forma repetitiva, coacciones a través del corte de los suministros básicos del hogar, o daños y desperfectos en los inmuebles. Si con estas acciones tampoco conseguían el objetivo, los miembros de la organización criminal incrementaban la gravedad de los hechos, produciendo daños graves, denuncias falsas en varios organismos públicos, violaciones de domicilio, robos con fuerza en interiores de viviendas, y llegando , en algunos casos, a efectuar robos violentos y lesiones graves a algunos de los inquilinos. Algunos de los episodios más graves ocurrieron en presencia de menores.
La actividad delictiva generaba a las víctimas una sensación de desprotección y ansiedad que, en varios casos, ha terminado con necesidad de atención psicológica.
Cabe destacar que la empresa investigada utilizaba la cobertura de un despacho de abogados para dar apariencia de legalidad de sus actuaciones. Se da la circunstancia de que el propietario de este bufete de abogados era socio de esta empresa, junto con el detenido como líder la organización. Sin embargo, la investigación permitió también detectar cómo algunos de los clientes participaban activamente de las acciones, y eran conocedores de los métodos empleados y se convirtieron en colaboradores necesarios de la organización.
Estas detenciones han permitido resolver más de 60 hechos en varios puntos del territorio catalán y se considera que se ha logrado desarticular totalmente la actividad de la empresa.
La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
