La Agencia Tributaria y Guardia Civil, en el marco de una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal que habría llegado a defraudar más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos. La organización, asentada en Sevilla, vendía ingentes cantidades de producto a un precio inferior al de mercado en toda España y contaba con un empleado de banca que facilitaba la apertura de cuentas a nombre de testaferros para el desvío de los beneficios.
La operación se ha saldado con 46 detenidos, 30 sociedades investigadas, el bloqueo de 100 cuentas bancarias y la traba de 25 inmuebles, tres embarcaciones y seis vehículos de alta gama.
La operación, denominada ‘Memorable’, se inicia en el año 2023, tras tener conocimiento de una serie de corporaciones del sector de hidrocarburos con domicilio social en Sevilla que, tras la correspondiente comercialización de hidrocarburos, estarían defraudando grandes cantidades de dinero como consecuencia de no liquidar el IVA correspondiente.
La instrucción del caso ha contado con la participación del Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, y la Inspección Regional de la Agencia Tributaria en Andalucía, que ha colaborado en esta operación conjunta por la presunta comisión de delitos fiscales.
Las primeras pesquisas practicadas, confirmaron la existencia de una organización criminal oculta tras el entramado empresarial. Es por ello que se intensificó el control de actividades sobre el grupo de personas identificadas, con el objetivo de recabar indicios para el esclarecimiento de la red oculta detrás de esas sociedades.
Tras meses de intensa investigación, la información reportada por las declaraciones tributarias y la inteligencia obtenida del control de actividades sobre los principales sospechosos, se obtuvieron indicios que ponían de manifiesto la existencia de una organización criminal, liderada por un clan familiar afincado en Sevilla. Este clan, apoyado por el resto de integrantes del grupo, creaban entramados societarios para cada uno de los distintos ejercicios fiscales y de los cuales se valían para cometer el fraude.
Testaferros y cambios de entramados para ocultar el fraude
El modus operandi empleado por la cúpula de la organización siempre se repetía en el tiempo. La organización se beneficiaba de los resquicios normativos que regulan la comercialización de los hidrocarburos, constituyendo entramados societarios con utilización de testaferros que actuaban en calidad de administradores de las empresas en cada uno de los ejercicios fiscales investigados desde el 2019 al 2023.
El diseño de los entramados societarios, realizado por la cúpula de la organización, cada vez estaba mejor diseñado. El objetivo era dificultar tanto la labor inspectora, como la investigación. Los entramados creados para perpetrar el fraude cambiaban constantemente y tenían una vida útil muy limitada, no extendiéndose más allá de un año (un ejercicio fiscal).
Las estructuras societarias abarcaban casi la totalidad del territorio nacional, lo que permitía a la organización poder abastecer de hidrocarburos a pequeños comerciantes de diferentes puntos de la península. Las principales oficinas desde las que se gestionaban las ventas se encontraban en Barcelona y Jerez de la Frontera.
Un empleado de banca captado
Otro pilar de la organización lo conformaba un empleado de banca que habían captado los dirigentes de la organización para la apertura de cuentas bancarias a nombre de testaferros, desde las cuales se desviaban los beneficios obtenidos de la evasión fiscal.
Este empleado de banca igualmente prestaba la función de asesoramiento a la cúpula de la organización sobre posibilidades de financiación, los fondos existentes, la conveniencia de apertura de cuentas fraudulentas en distintas sociedades y las posibilidades de financiación para saltar las alertas del sistema de prevención de blanqueo de capitales.
La actividad delictiva de la organización se incrementó exponencialmente durante los últimos meses de la investigación. El principal motivo era que se acercaba la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2023 por el que se acuerda la prohibición de ventas entre distribuidores de carburantes al por menor, lo que obligaba a restructurar el modus operandi utilizado por la organización en los últimos años.
Esta evasión fiscal no sólo les reportaba cuantiosos beneficios, si no que les permitía ofrecer unos precios de mercado muy bajos, compitiendo deslealmente con el resto de operadores legales del sector, de forma que acaparaban gran parte del mercado.
