La Policía Nacional ha detenido hasta el momento en varias localidades costeras de Granada y Almería a cuatro mujeres y tres varones de nacionalidad marroquí a los que se les imputa la autoría de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal tras haber simulado episodios de violencia de género para así conseguir permisos de residencia para las mujeres supuestas víctimas de estos hechos.
La organización se encargaba de buscar tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores entre la comunidad marroquí en situación irregular.
Cobraban entre 4.000 y 6.000 euros a las mujeres que querían obtener un permiso de residencia
La operación «Casamenteros» llevada a cabo entre las Brigadas Provinciales de Extranjería y Fronteras de Granada y Almería junto con la Brigada Local de Policía Judicial de Motril han detenido, hasta el momento, a cuatro mujeres y tres varones de nacionalidad marroquí, quienes habían formado una organización criminal dedicada a denunciar falsas agresiones de género para regularizar a mujeres de su misma nacionalidad.
La investigación se inició tras recibirse una denuncia en los Juzgados de Motril, de un hombre marroquí al que habían prometido y no pagado la cantidad de 3.000€, por protagonizar una falsa agresión física en público hacía una mujer también marroquí, situación que había dado origen a un procedimiento penal por violencia de género, en el que él había resultado condenado con su conformidad y, tras haber simulado ambos en un juicio rápido la existencia de una relación afectiva inexistente.
De forma paralela la UFAM de la Comisaría de Motril comenzó la investigación de una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes.
La exhaustiva investigación realizada confirmó la existencia de una organización criminal integrada por extranjeros de origen marroquí, asentada en los términos municipales de Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería), que compatibilizaban su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes, que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género, para lo cual debían afrontar el pago de entre 4.000€ y 6.000€ a la organización.
Dicha organización también se encargaba de captar a hombres del mismo origen dispuestos a asumir, previo cobro de entre 500€ y 1.000 €, una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja, debiendo protagonizar una agresión física en un local público.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Gualchos y El Ejido, en los que se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la organización criminal y documentación (denuncias policiales, autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género), así como numerosos resguardos de envíos de dinero a Marruecos, que demostrarían pagos a la organización y distracción de los beneficios económicos obtenidos.
Al menos diez mujeres extranjeras obtuvieron fraudulentamente un permiso de residencia legal
Como consecuencia de este trabajo ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ante las FF y CC de Seguridad del Estado de Granada y Almería el haber sido víctimas de violencia de género, además de otras tantas condenas a hombres de la misma nacionalidad, como falsos novios o parejas, por violencia de género, cuyas sentencias dictadas en conformidad han otorgado ilegalmente derecho de residencia a favor de ellas. No obstante, dichas residencias serán extinguidas a instancia de la UCRIF1 de Granada.
Hasta el momento han sido detenidas siete personas extranjeras, cuatro mujeres y tres hombres, como presuntos autores de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal e integración en organización criminal, de los cuales los tres principales investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Motril que entiende de estos hechos, el cual ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.
