Las investigaciones se iniciaron en junio de 2022, tras tener conocimiento los agentes que las víctimas accedían a través de la red a anuncios falsos de contratación de servicios sexuales, colgados en internet por la propia organización criminal.
Tras esto, recibían mensajes por medio de una aplicación de mensajería instantánea, en los que el supuesto jefe de las prostitutas les recriminaba haberles hecho perder el tiempo y exigía una cantidad de dinero como compensación, amenazándoles con causarles problemas de no hacerlo.
Las víctimas, por temor a que sus allegados supiesen que habían contactado con prostitutas o atemorizados porque su vida corriese peligro, accedían al pago de la cantidad exigida. No obstante, los autores continuaban reclamándoles más dinero, a fin de obtener el máximo beneficio económico.
En total, el importe de lo defraudado mediante este modus operandi asciende a más de 180.000 euros y se han detectado hasta la fecha más de 67 denuncias relacionadas con estos hechos en diferentes puntos de la geografía española.
Centro de operaciones
Los agentes también han localizado un piso en Valencia que era empleado como centro de operaciones de la organización criminal. Este fue registrado, interviniéndose 24 teléfonos móviles, 44 tarjetas SIM, ocho tarjetas bancarias, diversa documentación, una pistola de proyectiles de goma y otra pistola municionada.
División de funciones
El grupo criminal estaba perfectamente estructurado, con funciones claramente diferenciadas entre sus miembros. En el escalón más bajo de la organización, se encontraban los llamados “muleros”, aquellos que a cambio de cierta compensación económica prestaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero procedente de las extorsiones o se encargaban de contratar los números de teléfono desde los que enviaban los mensajes a las víctimas.
En un segundo escalón, se situaban quienes realizan las llamadas o enviaban los mensajes amenazantes. Por otro lado, estaban otras personas encargadas de controlar a los “muleros”.
Y en la cúspide de la organización criminal, se encontraban los dirigentes de la misma. Estos cabecillas, además, no dudaban en agredir y amenazar de muerte a los “muleros” cuando no obtenían el dinero procedente de las extorsiones. Por ello, a estos se les imputa también los delitos de detención ilegal y lesiones.
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