Comunidad de Madrid •
La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha sido la encargada de una Ley que recopila las enseñanzas adquiridas por los responsables de Seguridad y Emergencias de la región durante recientes episodios, como la pandemia del COVID-19, la tormenta Filomena de enero de 2021, incendios en terreno forestal o todo tipo de inundaciones.
La nueva Ley del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias convierte a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en un ente público de derecho, lo que supone un mayor beneficio para el ciudadano, ya que dota de una mayor agilidad a los servicios públicos de la región en la gestión de las emergencias. También mejora la integración de la Administración madrileña en el Sistema Nacional de Protección Civil y establece un régimen sancionador para asegurar su cumplimiento.
La Ley SIPCE avanza en el sistema de coordinación de los servicios de emergencias y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, y aporta una definición más clara de las competencias autonómicas y municipales en esta materia, rescate y salvamento.
La nueva Ley permite a la Comunidad de Madrid, a su vez, perfeccionar aspectos relacionados con la autoprotección y la prevención, pudiendo personarse en todos los procedimientos judiciales por incendios que sean provocados en terreno forestal u otras emergencias que se produzcan de modo intencionado. El Ejecutivo autonómico cuenta, gracias a ella, con una mayor protección jurídica frente a los pirómanos.
Mejoras en todos los ámbitos
El marco legal aprobado hoy por el Gobierno regional supone una reorganización de los centros de emergencia, extinguiendo como tal el organismo autónomo Madrid112 para integrarlo en el ente público de nueva creación en el que se convertirá la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid112.
Este engloba, además del centro de atención de llamadas y coordinación de emergencias, a los Cuerpos de Bomberos, Agentes Forestales; el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE); Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata regional (ERICAM); Centro de Coordinación de Policías Locales (CECOM); servicios de seguridad, emergencias y Protección Civil de las entidades locales; Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE); Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112); fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la Unidad Militar de Emergencias (UME) dentro de su ámbito competencial.
Otros aspectos que ganan con la nueva Ley autonómica es la digitalización. Se facilita la integración de los sistemas de gestión digital de emergencias, con un mayor aprovechamiento de las infraestructuras tecnológicas que sostienen los sistemas de los diferentes servicios, y con ello la intercomunicación, la explotación de datos y los nuevos canales de comunicación con las infraestructuras críticas y con los propios ciudadanos en caso de emergencia.
Preparación ante ciberataques
La Ley también contempla la elaboración de un Plan de actuación ante ciberataques que comprometan la seguridad de las infraestructuras críticas regionales.
La formación es otro aspecto fundamental y será clave para incrementar la capacitación de todos los cuerpos de seguridad y emergencias que conforman la Agencia. Permite así potenciar las líneas de trabajo e investigación para la mejora de las capacidades profesionales, ejecutar programas de formación conjunta que potencien la colaboración, la coordinación y el crecimiento profesional de los diferentes cuerpos.
Igualmente, la recuperación o la vuelta a la normalidad, como último eslabón de en un episodio de emergencia queda contemplada en la nueva Ley, ya que para aquellos casos en los que no exista una declaración expresa por parte del Estado de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la Comunidad de Madrid, en el ámbito de sus competencias, podrá establecer las medidas de recuperación que considere oportunas, especialmente en los que afecten a servicios esenciales.
Por último, en cuanto al modelo organizativo y la conversión de ASEM112 en un ente público, permitirá contar con un modelo administrativo más ágil que cubra las necesidades de servicios esenciales, como son los que se integran en la Agencia, de manera inmediata.
La SIPCE también recoge un beneficio -gracias a un apoyo técnico ya administrativo- dirigido a los procesos selectivos de incorporación de profesionales; adquisición de medios materiales y equipos de protección individual para más de 2.500 efectivos; control, renovación y mantenimiento de una flota de más de 600 vehículos; desarrollo de nuevas infraestructuras; o el mantenimiento de las más de 120 ubicaciones distribuidas por toda la región, entre parques de bomberos, oficinas comarcales de agentes forestales, retenes, helisuperficies, o puntos de vigilancia.
