Se ha presentado en el Consejo de Ministros el informe sobre el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035, un proyecto pionero en España y que ha sido elaborado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para anticiparse y dar respuesta desde las Administraciones Públicas a los sucesos catastróficos vinculados con el cambio climático.
El Plan parte del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma el 13 de marzo y cuenta con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas. El proceso iniciado en La Palma culminó el pasado 24 de octubre con la aprobación por unanimidad del Plan en la reunión del V Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que estuvo presidido por Grande-Marlaska y que contó con la asistencia de representantes del de todas las comunidades autónomas y de las administraciones locales.
Horizonte 2035 constata el incremento de los episodios catastróficos en los últimos años, como la pandemia, la erupción volcánica de La Palma o los incendios forestales. En este contexto, su objetivo es ofrecer una respuesta eficaz a las crecientes emergencias derivadas del cambio climático, garantizando la seguridad integral de las personas y estableciendo el Sistema Nacional de Protección Civil como pilar esencial del Estado y como instrumento de cohesión social.
El documento apuesta por fortalecer los órganos que configuran el Sistema Nacional de Protección Civil en todos sus niveles territoriales; ordenar sus recursos para garantizar su interoperabilidad y asistencia entre las diferentes administraciones; garantizar la capacidad de respuesta de las diferentes Administraciones Públicas; e impulsar la cultura preventiva.
Horizonte 2035 incorpora también la ciencia y las acciones de I+D+i al proceso de planificación, así como a otros actores relevantes del sector privado, además de reforzar los vínculos de la protección civil con los servicios sociales y la ayuda humanitaria.
El programa de trabajo marcado hasta 2035 establece la redacción de cuatro sucesivas estrategias cuatrienales para cada uno de los distintos niveles: del Sistema, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, y de las entidades locales.
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